Editorial

La vertiente ética en la lucha contra el tabaco
Prof. Dr. Roberto M. Cataldi Amatriain

En el tema del tabaco -como en otros temas de salud pública- los intereses comerciales suelen estar por encima del cuidado de la salud. Desde hace varias décadas los gobiernos occidentales vienen luchando contra las empresas tabacaleras, procurando reducir el número de consumidores así como las enfermedades relacionadas con este hábito: cáncer de pulmón, EPOC, aterosclerosis y sus complicaciones (enfermedad coronaria, IAM, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular), entre otras patologías.
Luego del Descubrimiento de América, España importó el tabaco en la península y el hábito de fumar rápidamente se propagó por toda Europa, y luego alcanzó dimensión planetaria. Hoy es una de las epidemias del Siglo XXI por la enorme cantidad de seres humanos que fallecen diariamente por algunas de las patologías que induce y por las terribles secuelas que limitan la calidad de vida. Es una epidemia que no respeta etnia, sexo, edad, condición socioeconómica o cultural. No sólo es una epidemia del mundo desarrollado, también lo es en las regiones más pobres y atrasadas del planeta.
Este hábito suele iniciarse en la niñez o adolescencia, siendo apuntalado por diversas situaciones socioculturales y donde la publicidad estática como dinámica tiene fundamental repercusión.
El problema pone de manifiesto diferentes conflictos de intereses y, más allá de ciertas normas legales poco efectivas que a veces denotan una sutil hipocresía, la industria del tabaco es poderosa en un mundo globalizado que está por encima de los estados. Las tabacaleras tienen grandes márgenes de ganancias y millones de familias de trabajadores del tabaco viven de las mismas, pero también los gobiernos tienen fuertes ingresos gracias a los duros impuestos si bien los costos directos de atención médica superan la recaudación impositiva. Según cálculos del Ministerio de Salud Pública de la Nación en el 2004 los servicios públicos, la seguridad social y el sector privado desembolsaron aproximadamente 4.331 millones de pesos en atención de estas enfermedades (15,56% de los costos directos de atención médica por todo concepto).
El que adquiere el hábito lo hace por propia voluntad, ejerciendo su autonomía, pero es necesario analizar algunas situaciones. ¿No es ético proteger a la niñez de aquellos factores que inducen a adquirir el hábito? Tengamos presente que la inmensa mayoría de los fumadores adquirieron el hábito siendo menores de edad y según algunos estudios el consumo es cada vez más precoz. ¿No es ético proteger a los no fumadores que concurren a lugares públicos y son obligados a convertirse en fumadores pasivos? Según datos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, unos 6.000 fumadores pasivos mueren por año en la Argentina.
En cuanto a los fumadores activos, es ético brindarles la ayuda necesaria para que puedan dejar el hábito y, en lo que atañe a los enfermos reparemos que el accionar del médico suele ser una ayuda tardía, por eso es imprescindible prevenir. Nuestro país se ha adherido al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, y la OMS considera fundamental el papel de los profesionales de la salud para controlar esta adicción. Pero existe una situación paradojal que merece considerarse: ¿qué sucede cuando el médico es fumador? Resulta paradojal porque estos colegas conocen perfectamente a través de la práctica asistencial los efectos nocivos del tabaco (…) En este tema como en tantos otros, el ejemplo es fundamental.
Finalmente, no se puede combatir el hábito de fumar sin políticas de estado. Los altos impuestos crean un panorama diferente: el de los fumadores ricos. El implemento de férreas restricciones e incluso persecuciones da lugar a un mercado clandestino. En nuestro país hay siete provincias tabacaleras (Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán) que producen casi 160.000 toneladas al año y se exporta el 80%; en el 2004 la facturación alcanzó 190 millones de dólares (La Nación). Una política de reducción de daños no debe implicar generar crisis sociales como a veces se deja traslucir, pues, muchas regiones asientan su economía en la industria del tabaco y empobreciendo a estas regiones se generan otros problemas de vital importancia; en última instancia habrá que encontrar alternativas o planificar medidas de sustitución (reconversión de cultivos); es necesario apelar a la inteligencia para hallar el camino de la ética.

 

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