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Consideraciones sobre el suicidio
médicamente asistido*
La figura
del suicidio está presente en la historia de la humanidad
desde tiempos remotos. En el año 31 a.C, la reina
Cleopatra, al ser derrotado Marco Antonio, se
suicidó haciéndose morder por una áspid (culebra venenosa de
Egipto). La culebra, símbolo de la vida (todos los años muda
de piel) era considerada una divinidad y se le brindaba
culto. Reparemos que en lo que atañe a la profesión médica,
una culebra enroscada en la vara del dios griego Asclepio
(para los romanos Esculapio) todavía hoy es símbolo
de los médicos.
En el
año 65 de nuestra era, Séneca, quien había sido
preceptor de Nerón, fue acusado de participar en la
conspiración de Pisón, y el emperador –célebre por su
crueldad- le ordenó que se diera muerte. Tácito
describe el suicidio en el libro de los Anales;
Séneca demostrando valor y cierto efectismo teatral
(dicen que muy del gusto de Nerón y su corte) se abre
las venas y, como el proceso era lento bebe veneno.
Séneca sostenía que
morir en el momento justo es una demostración de libertad
moral y, aceptaba el suicidio como una justa
elección contra los dolores de la enfermedad, pero dejaba en
claro que tal elección debía ser racional, fruto de la
reflexión.
Dos años
más tarde era decapitado en Roma San Pablo.
Bocaccio, comentando el verso de la Divina Comedia
en donde Dante encuentra a Séneca en el limbo
(del latín limbus, lugar donde las almas de los
santos aguardaban la redención del género humano), da
crédito a la leyenda -cultivada por los Padres de la Iglesia
y luego en la Edad Media- de que Séneca era amigo de
San Pablo y simpatizante del cristianismo. La leyenda
es falsa, más allá de que los escritores cristianos
encontraron en Séneca a uno de ellos. En las
Cartas a Lucilio recomienda el suicidio como un
acto de libertad absoluta del sujeto.
Lo cierto
es que en la actualidad Séneca se ha convertido en el
referente filosófico obligado de todos aquellos que
defienden el suicidio como un derecho absoluto, como
una determinación subjetiva y extrema del sujeto, que
responde al principio bioético y canónico de autonomía
del que deriva la dignidad (autonomismo extremo).
En el período helenístico y en la Roma
imperial se desconocen sanciones para aquellos que cometen
suicidio o incluso para los médicos que ayuden a
cumplir con esta práctica, excepto cuando se trataba de
esclavos o de soldados.
En Atenas existía una ley por la cual los
suicidas debían ser sepultados con la mano derecha amputada;
en los siglos anteriores se creía que esto aplacaba el
espíritu de aquellos que habían fallecidos de muerte
violenta, independientemente de que fuesen asesinados o se
suicidasen.
En el juramento hipocrático se
sientan las normas morales para el ejercicio de la profesión
médica (no suministrar venenos, no instrumentar abortos,
etc.). Pero la prohibición de asistir a un suicida no fue
tomada en cuenta en el ámbito médico hasta fines de un siglo
antes de la caída del Imperio Romano (Siglo V), época en que
ya se imponen los valores cristianos del respeto a la vida
humana.
El
suicidio es considerado desde la antigüedad como una
autoliberación, ya que el individuo tomaría la decisión de
manera libre y voluntaria, en las mismas circunstancias que
podría justificarse la eutanasia, es decir, frente a
una enfermedad incurable, cuyo sufrimiento resulta
insoportable, y donde la persona conciente tiene pleno
conocimiento de su padecer y su pronóstico.
La acción
de autoeliminarse puede darse en dos contextos diferentes.
En el primer caso se trata de una vivencia de situación
desesperante, como se da en algunas patologías
psiquiátricas (depresión grave o episodio de enajenación), o
también ante hechos circunstanciales motivados por ejemplos
ante un desengaño amoroso, una urgencia social o económica,
cuya decisión es irreflexiva. En el segundo caso, en la
eutanasia, a diferencia del anterior, el individuo toma la
decisión en libertad, luego de meditarla, y a consecuencia
de que la patología incurable le ocasiona un gran
sufrimiento que no alcanza a controlar el tratamiento.
Los
defensores del suicidio médicamente asistido (aquel
que dispone y ejecuta el propio paciente pero con la
asistencia técnica de un médico) creen que éste debe ser un
paso más en la asistencia al paciente terminal. Las
asociaciones pro derecho a morir dignamente dicen que no
alientan una acción de este tipo, y consideran que el médico
no debe abandonar al paciente. Pretenden dar una esperanza a
aquellos que les aguardan días de dolor y desesperanza, y
que están firmemente decididos a no continuar viviendo.
Dicen que saber que se tiene el poder de parar puede
dar el coraje necesario para continuar. Incluso han
elaborado guías con información detallada donde desaconsejan
los métodos poco seguros o demasiado traumáticos para los
demás, ya que el objetivo sería una muerte digna y
responsable, respetando a las personas que quedan.
Para la
tesis liberal el hombre es dueño de su propio cuerpo y
en consecuencia puede disponer de él. Pero en nuestra
sociedad no existe una fuerte convicción de que el individuo
tenga derecho a quitarse la vida. Este tipo de suicidio
se ha verificado con algunos pacientes considerados
terminales e incluso con otros que sin ser terminales
cursaban enfermedades crónicas invalidantes, penosas, que
restringían considerablemente la calidad de vida.
Algunos enfermos han recurrido a la justicia solicitando la
autorización del tribunal para concretar la práctica y
librar de toda responsabilidad al que lo asista, pero
tampoco la justicia se muestra proclive a reconocer este
derecho.
En 1993, Jack
Kevorkian, médico, apodado el “doctor de la muerte”, quien
ya había ayudado a suicidarse a más de 100 personas, era
exonerado por segunda vez de dos cargos de suicidio
presentados contra él.
El 6 de marzo de
1996 el Tribunal de Apelaciones de San Francisco,
California, rechazó una ley del Estado de Washington que
prohibía el suicidio asistido llevado a cabo por
médicos, convirtiéndose así en el primer tribunal del país
que le otorga a los adultos competentes el derecho
constitucional de pedir ayuda médica para suicidarse. Esta
decisión despertó encendidas críticas, sobre todo de
aquellos que veían una estrecha conexión entre el aborto
y la eutanasia.
Los que se
oponen al suicidio asistido dicen que los testamentos
en vida son documentos “ambiguos”, porque el individuo pide
que en caso de quedar incompetente se le retiren los medios
extraordinarios de conservación de la vida y, el problema
estriba en que no se define el término “extraordinario”,
ambigüedad que facilitaría los abusos por parte del personal
médico. Sostienen además que esta mentalidad anti-vida
generada por la legalización y la práctica indiscriminada
del aborto ha dado paso al infanticidio (eutanasia
de niños), al suicidio asistido y a la
eutanasia.
A poco de
que el Tribunal de San Francisco legalizara el suicidio
asistido, otro tribunal de apelaciones en Nueva York
también aprobó el 2 de abril de 1996 esta práctica, lo que
habría despertado la crítica de la Asociación Médica
Americana.
El 26 de febrero
de 1998, la Oregon Health Services Commission, votó por
amplio margen a favor de que se añadiese el suicidio
médicamente asistido a la lista de tratamientos de
prioridad que le proporciona a los pacientes que reciben
ayuda económica del gobierno
para el cuidado
de su salud (Medicaid) bajo el Oregon Health Plan. A
pesar de que la ley federal prohíbe el uso de fondos del
Medicaid para el suicidio asistido y para gastos
relacionados con él, la Comisión dijo que podría integrar
esta práctica en su plan de salud, siempre y cuando dicho
servicio sea pagado solamente con fondos del Estado de
Oregon. La Comisión también sostuvo que el negar fondos
públicos para el suicidio asistido constituiría una
discriminación hacia los pobres en un estado donde la
práctica es legal.
El Center
for Ethics en Health Care de la Oregon Health Sciences
University, ha publicado una guía para los profesionales de
la salud con respecto al suicidio asistido, que se
titula, The Oregon Death With Dignity Act: A Guidebook
for Health Care Providers (El acta para la muerte con
dignidad de Oregon: Un manual para los proveedores del
cuidado de la salud).
En uno de las numerosas páginas Web que
aparecen fijando tesituras acerca del tema en cuestión, se
sostiene: “El que un paciente con una enfermedad
incurable quiera tener algún control sobre su propia muerte
no es algo idiosincrásico, egoísta, ni muestra ningún tipo
de desequilibrio mental. La idea de una muerte noble y
digna, con un significado profundamente personal y único, se
encuentra exaltada en grandes obras literarias, poéticas,
artísticas y musicales. Cuando un enfermo incurable pide que
le ayuden a morir de este modo, creemos que los médicos
tienen la obligación de investigar la petición a fondo y, en
determinadas circunstancias, considerar cuidadosamente el
hacer una excepción a la prohibición de ayudar a morir”
(sic)
En abril de 2003
los diarios europeos informaban que una pareja británica
había muerto como consecuencia de un posible suicidio
asistido luego de recibir una dosis letal de
barbitúricos en uno de los centros del grupo Dignitas
(Ginebra). Dignitas ya ha ayudado a morir a unas 150
personas. Robert Stokes tenía 59 años y presentaba
epilepsia, su esposa, Jennifer, de 53 años, tenía diabetes y
“problemas en la espalda”. Ninguno de ellos sufría una
enfermedad terminal, según afirmó la hermana de Jennifer a
un diario británico. La Asociación de Eutanasia Voluntaria,
por su parte, acusó al Gobierno británico de no asumir la
obligación que le compete en estos casos, lo que torna
inevitable el denominado “turismo del suicidio”. En la
actualidad, ese turismo suicida se dirige a Suiza donde
evidentemente logra su propósito.
No cabe duda que
el suicidio constituye uno de los grandes dilemas de la
humanidad, tan antiguo como ésta, pero la intervención del
médico en la consumación de este acto también es motivo de
opiniones encontradas, pues, la competencia del médico como
colaborador técnico (no necesariamente instigador como
sustentan doctrinarios del derecho) excede los estudios y
las competencias de cualquier facultad de medicina e incluso
los códigos de ética profesional.
*Prof. Dr.
Roberto M. Cataldi Amatriain.
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